Instrumentos Nacionales:

Constitución República de Venezuela. Art. 305, 83 (nutrición) y 156 (seguridad alimentaria)

Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria (2007)

Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (2001, 2005 y 2010)

Ley Para la Defensa de las Personas en el Acceso para los Bienes y Servicios (2009)

Decreto de Ley Orgánica de Costos y Precios Justos (2015)

Decreto de Estado de Emergencia Económica. Creación de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción -CLAP. Art. 2

Decreto instalación de la “Gran Misión Abastecimiento Soberano” (GMAS) para coordinar todo el sistema alimentario nacional bajo el mando del Ministro de la Defensa y la regulación de las Fuerzas Armadas.

Decreto creación de los “Consejos Productivos de Trabajadores” (CPT) para la supervisión y control sobre la actividad de empresas alimentarias y no alimentarias.

Regulación de venta de hasta un 50% de la producción de empresas públicas y privadas a los CLAP. Art. 2.  Resolución N° 010/16. Gaceta  41.005

Instrumentos Internacionales:

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.Art. 25

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Art. 1, 9, 10, 11 (Observación General 12)

Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”). Art. 12

Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos. Art. 1

Carta Interamericana de Derechos Humanos. Art. 25.1

Convención Internacional de los Derechos del Niño, artículos 24, 25 y 6, 23, 26, 37.a, 39.

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Art. 12 y 11.e.

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

El sistema alimentario nacional, incluyendo la producción e importación de los alimentos necesarios se encuentra restringido por medidas estatales regresivas al derecho a la alimentación y por la ausencia de medidas progresivas, especialmente en términos de protección social para facilitar la alimentación y el bienestar nutricional. Este colapso del sistema alimentario habitual y el surgimiento de un sistema de extorsión paralelo en torno al manejo de alimentos escasos ocurre bajo la actuación de una institucionalidad muy frágil, corrupta y profundamente militarizada, con mandos sin competencias técnicas ni constitucionales para llevar con eficiencia todas las funciones de la cadena alimentaria. Este deterioro ha resultado en una disminución importante de la oferta de alimentos, del acceso efectivo a ellos y del consumo de alimentos por la población general, y a un desabastecimiento masivo de alimentos y suplementos nutricionales en instituciones claves como dispensarios y hospitales y centros con población en situación de dependencia. Todo ello ha tenido un impacto intenso en el estado nutricional de la población y las cifras de desnutrición, especialmente infantil, y de muertes por desnutrición, ya exceden los umbrales internacionales para la declaratoria de crisis humanitarias.

La militarización de la producción e importación de alimentos, la corrupción en torno al manejo de dólares a tasa preferencial para más importaciones y el impulso de un mercado paralelo de alimentos regido por mafias de extorsión que dejan por fuera al sector privado y a los actores habituales que mantenían el sistema alimentario funcionando, perpetúan la situación y no permiten hacer un buen pronóstico. El deterioro alimentario y nutricional está potenciando a su vez, el deterioro en los ámbitos de salud y de educación. Muchas de estas restricciones tienen un efecto desproporcionadamente peor sobre niñas y mujeres

Principales problemáticas del derecho:

Leyes y estructuras de regulación regresivas al Derecho a la Alimentación y militarización y control estatal sobre el sistema alimentario.

Criminalización y vulneración de derechos económicos a los actores que hacen funcionar el sistema alimentario, incluyendo a los consumidores finales que se ven desprovistos de su derecho a tener acceso, en libertad a una alimentación adecuada que elijan por autodeterminación y con dignidad (expropiaciones, decomisos, asignación de días de compra, exigencia de identidad, huella dactilar y carnet de filiación política para acceso a programa oficial, coerción y deslegitimación de los productores del sistema alimentario).

Corrupción y opacidad en el manejo de las cuentas alimentarias (importaciones y producción), de las auditorias de los programas oficiales y de las herramientas para el diagnóstico individual y epidemiológico de la desnutrición.

La falta de pronunciamiento y acción efectivo por parte de Estados pares y organismos internacionales y el bloqueo a mecanismos internacionales de asistencia humanitaria que el Estado está en la obligación de aceptar en nombre de los titulares del derecho que es toda la nación. La evolución de la situación se corresponde como una emergencia de instalación lenta, del tipo de las emergencias políticas complejas en las que la crisis alimentaria y la emergencia nutricional se desenvuelven en un Estado frágil incapaz de reconocer la situación, ni manejarla, lo que está generando un aumento exponencial del daño nutricional y las muertes por desnutrición, además de un deterioro irreversible de los que sobreviven.

Acciones:

1. Documentación de las violaciones del derecho a la alimentación, mediante acciones coordinadas entre organizaciones con trabajo en el área de todos los estados del país, incluyendo la participación en el monitoreo del estado nutricional y los testimonios de casos específicos de privación alimentaria, de corrupción alimentaria y de falta de atención por carencia de insumos. 
2. Denuncias públicas y ejercicio o adhesión a acciones judiciales en instancias locales, nacionales e internacionales para exigir tanto medidas institucionales y financieras que garanticen el efectivo disfrute del derecho a la alimentación, como investigaciones de fallas y procesos de corrupción y reparaciones a las víctimas y familiares por las violaciones a este derecho.
3. Participar en peticiones a organismos competentes en las que se demande la publicación regular y detallada del balance alimentario del país, de los boletines del sistema de vigilancia nutricional, de los procesos de fortificación de alimentos según normativa nacional y de la actualización de los patrones de referencia para el adecuado diagnóstico de la escala del problema nutricional. Estas peticiones deberán incluir a las agencias internacionales, especialmente a las agencias de Naciones Unidas relevantes al tema alimentación y nutrición y formalmente a cargo de producir y aplicar las directrices para el monitoreo del derecho a la alimentación.
4. Crear redes de solidaridad y colaboración entre grupos de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil para casos de ayuda en situaciones de urgencia relativas a la necesidad de suplementos nutricionales, en conjunto con campañas dirigidas a la movilización de apoyos y donaciones de la comunidad internacional, incluyendo atención a migrantes y refugiados venezolanos. Incluye la definición conjunta de marcos para definir la crisis y sus fases, mecanismos de alerta temprana, mapas de necesidades y coberturas y principios rectores para la coordinación con agencias internacionales.
5. Desarrollar alianzas entre organizaciones de la sociedad civil para ejercer acciones conjuntas de incidencia internacional a fin de hacer valer el derecho de la población venezolana a ser protegida mediante mecanismos de asistencia humanitaria por inminentes peligros para la vida y la salud de las personas.
6. Ampliar las capacidades de organizaciones y grupos de la sociedad civil para involucrarse en la defensa del derecho a la alimentación como derecho humano, fortaleciendo especialmente sus posibilidades de realizar la mayor cantidad de capacitaciones dirigidas a la población, enfocadas en la defensa contra la discriminación y las represalias por el ejercicio de sus derechos. Incluye conocer las directrices establecidas para el monitoreo del derecho a la alimentación y el conocimiento de la jurisprudencia alimentaria que se ha consolidado en forma efectiva en América Latina y que ha conducido a reivindicaciones y reparaciones concretas a las víctimas.

Derecho a la Salud

Instrumentos Nacionales:

Constitución de la República de Venezuela. Art. 83,84, 85 y 86.

Ley Orgánica de Salud de 1998 (pre-constitucional).

Ley del Seguro Social, 2008.

Decreto-Ley de la Actividad Aseguradora, 2015.

Ley de Ejercicio de la Medicina, 2011.

Ley de Protección e Igualdad de Personas con VIH y sus Familiares, 2014.

Instrumentos Internacionales:

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Art. 12 y 7.b, 9, 10,2, 10,3.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art.6.1 y 7.

Convención Americana de Derechos Humanos. Art. 4.1, 5.1, 5.2 y 26.

Convención Internacional de los Derechos del Niño. Art. 24, 25 y 6, 23, 26, 37.a, 39.

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Art. 12 y 11.e.

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Art. 5.iv.

Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Art. 10, 11, 15.1, 17, 25 y 26.

Convenios de la OIT N° 103,107, 81, 97, 102, 117, 120, 130, 139, 143, 121, 155 y 183.

Obligaciones del Estado:

1. Pleno reconocimiento: reconocer el derecho a la salud como derecho humano y establecer sus garantías en el ordenamiento jurídico nacional, de preferencia mediante leyes formales. Una autoridad pública debe ser responsable de su protección a nivel nacional.
2. Acceso universal y efectivo a medios de atención: garantizar medios de atención a la salud a todas las personas, hasta el máximo de los recursos de los que disponga, incluyendo los de la cooperación internacional. Son garantías de cumplimiento inmediato:
   a. Disponibilidad suficiente de sistemas de atención, financiamiento público, políticas y planes de acción nacional en salud; establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, centros de atención y programas, y personal médico y profesional capacitado y bien remunerado.
   b. Acceso físico, geográfico y económico a servicios de salud, oportunos, adecuados, seguros, de calidad y culturalmente aceptables, extendidos equitativamente en todo el país; y a tratamientos y tecnologías apropiadas para enfermedades, afecciones y lesiones, condiciones crónicas, discapacidades frecuentes y problemas de salud mental, incluyendo el suministro de medicamentos esenciales.
   c. Acceso a educación e información en salud, lo cual incluye solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud.
3. Eficaz protección: abstenerse de medidas restrictivas indebidas o regresivas y garantizar que nadie puede ser privado del derecho, ni su disfrute condicionado o limitado por razones incompatibles con su contenido esencial, teniendo como base la protección del derecho de las personas y no de gobiernos.
4. No discriminación: erradicar cualquier forma de discriminación que pueda invalidar o menoscabar el goce del derecho, resguardar la confidencialidad y el secreto médico, impedir prácticas coercitivas contra la libertad y la autonomía sobre el propio cuerpo y la salud, y prohibir toda apología al odio que incite a la discriminación por la condición de salud.

Contexto:

El sistema sanitario público, que contaba con la mayor disponibilidad de servicios en el país y cuyos problemas de inequidad, desfinanciamiento y fragmentación no fueron resueltos en las últimas décadas, atraviesa un proceso de desestructuración institucional y destrucción de su infraestructura, en medio de una aguda inestabilidad política y fragilidad institucional y económica, con repercusión en el aumento de la pobreza, hambre, contaminación, actividades ilícitas y falta de servicios básicos y alteración del funcionamiento social y económico, aunado a políticas de facto y violencia de Estado, que tiene altos impactos en el deterioro generalizado de la salud de la población.

Mediante políticas que han exacerbado la dependencia de las importaciones para abastecer la industria farmacéutica y el sistema sanitario, incluyendo las materias primas y los equipos necesarios para la producción interna, el gobierno controla todas las divisas para su compra en el exterior y, durante los últimos años, las ha reservado para uso  exclusivo de un complejo de empresas de importación pública y sistemas de distribución paralelos a las instituciones públicas con fines políticos, excluyendo a los proveedores, farmacias y clínicas privadas, aplicando ajustes indiscriminados de sus montos que alcanzan niveles superiores a 50%.

Principales problemáticas del derecho:

1. La escasez y el desabastecimiento prolongado que afecta a toda la población, en particular a unas 3 millones de personas de todas las edades y en diversas condiciones de salud crónicas, no ha sido reconocida por el Estado ni atendida a través de medidas urgentes y adecuadas, optando por aplicar políticas de severo racionamiento que significan el retiro arbitrario de medicinas e insumos de las listas de compras públicas y la reducción de cantidades, sin criterios médicos ni científicos, condenando a daños físicos y mentales irreparables o a la muerte de las personas excluidas.
2. El estado de desestructuración y precariedad del sistema de salud público, ha causado el retiro de más de la mitad del personal capacitado, el cierre o abandono parcial o total de la mayoría de los ambulatorios y hospitales, que junto a la escasez ha dejado a las personas sin disponibilidad de una atención mínima adecuada y expuestas a una brutal privatización del acceso a las pocas medicinas y servicios de atención disponibles, que la mayoría de la población no puede pagar.
3. El bloqueo a mecanismos internacionales de asistencia humanitaria por negativa del Estado para mitigar los efectos de la crisis en salud, la ha convertido en una emergencia de características complejas que está causando un ascenso veloz y exponencial de las muertes sanitariamente evitables, entre ellas las muertes infantiles y maternas; la reaparición de enfermedades sin posibilidad de ser tratadas, como el cáncer, la tuberculosis o la difteria; la continua propagación de epidemias como la malaria y el VIH, y daños irreparables a la mayoría de las personas con condiciones de salud crónicas, físicas o mentales.