Instrumentos Nacionales:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Título I Articulos: 19, 20, 21, 22, 26, 52, 53, 57, 59, 136, 141, 236

Ley Orgánica de Educación: Artículo 3

Ley Orgánico de Procesos Administrativos: Artículos 1, 2, 3

Instrumentos Internacionales:

Artículos 1.1, 2.3, 2.4, 4, 33-38, 39-50, 52-54 de la Carta de la ONU

Preámbulo de la Constitución de la Unesco.

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 28

Resolución 5-XXXII adoptada en 1976 por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas:

1. Declaración 33/73 del 25 de diciembre de 1978 sobre la Preparación de las Sociedades para Vivir en Paz
2. Resolución 39/11 de 12 de noviembre de 1984, que aprobó la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz.

Conferencia General de la Unesco:

1. Declaración sobre la Enseñanza de los Derechos Humanos
2. Declaración sobre los Medios de Información

Resolución de la Conferencia General del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina, adoptada en la Conferencia de Quito, en 1979 (R.128.IV)

Asamblea General de la OEA:

1. Declaración de Caracas de 1998 párrafo 4

Carta Africana sobre Derechos de los Hombres y de los Pueblos. Artículo 23

Obligaciones del Estado:

Oficina del Alto Comisionado de DDHH de la ONU

Respetar (abstenerse de interferir en el disfrute del derecho)

Proteger (impedir que otras personas interfieran en el disfrute del derecho)

Realizar (adoptar medidas apropiadas con miras a lograr la plena efectividad del derecho) Derechos económicos, sociales y culturales.

PIDESC:

Adopción de medidas para avanzar gradualmente en la vigencia efectiva de los DESC. Limitación en función de recursos disponibles. Garantizar ejercicio de tales derechos.

Medidas inmediatas independientemente de los recursos:

Eliminación de la discriminación; derechos económicos, sociales y culturales no sujetos al logro progresivo de la efectividad; obligación de “adoptar medidas”; prohibición de medidas regresivas; y obligaciones mínimas esenciales.

CADH CAPÍTULO I ENUMERACIÓN DE DEBERES

Artículo 1. 

Obligación de los Estados partes en esta Convención de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna.

Artículo 2.  Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno.

Contexto:

En la actualidad existe una profunda crisis que abarca lo político, económico, social, cultural y de manera especial los valores que permiten la convivencia armónica, con respeto de las diferencias. Se pretende imponer desde el Ejecutivo Nacional un modelo ideológico sustentado en una concepción rentista, clientelar y de controles, bajo la concepción de la distribución de riqueza que dependía de la entrada de divisas por la producción petrolera, abandonando, cuando no acosando al sector productivo privado. Al reducirse dramáticamente los precios del petróleo, no se lograron generar los recursos para mantener el sistema antes descrito, a lo que se suma la corrupción en un  alto grado con el agravante de la impunidad.

Se ha potenciado la polarización en los diversos sectores de la sociedad, con la pretensión de una hegemonía comunicacional, acentuándose la violencia no solo directa, contra la integridad física y vida de las personas, sino también profundizando esquemas de violencia por la infraestructura deficiente y la legitimación de la agresividad y la descalificación del contrario, a quien se considera enemigo, como desvío cultural. La polarización lleva a la confrontación en los diversos espacios de la sociedad, al desconocimiento del otro y a la discriminación, cuando no a su persecución; se ha desmontado la institucionalidad por parte del Gobierno, sometiendo al control del Ejecutivo nacional instituciones fundamentales lo que se ha traducido en la demolición del Estado de Derecho y Justicia. Se ha afectado profundamente el modelo republicano ante la falta de sujeción a la Constitución y las leyes, desconociendo en gran medida la vigencia efectiva de los derechos humanos y el modelo democrático, que debería incluir el respeto a la libertad; la celebración de elecciones en las oportunidades previstas en la Constitución y con sujeción a sus inequívocas disposiciones; la cooperación entre los poderes, imponiendo la fuerza y manipulando a la población a través de las carencias existentes tanto a nivel de comida, medicinas, vivienda, entre otros recursos básicos. Se ha militarizado la sociedad, imponiendo la primacía de lo militar sobre lo civil, impidiendo las manifestaciones pacíficas y expresiones de la ciudadanía organizada.

Principales problemáticas del derecho:

1. Desconocimiento del derecho humano a la paz
   Este derecho debe implicar el respeto a los derechos humanos, su vigencia efectiva con la internalización de los valores superiores inherentes a tales derechos. Los conflictos no son negativos en su esencia. Lo nocivo es el abordaje de los conflictos a través de la violencia. De manera especial, debe abordarse el grave problema de la militarización de la sociedad, que ha invertido de forma contraria a la Constitución la relación de sujeción, pues se ha sometido a los civiles al control militar en clara desnaturalización de sus funciones, promovida esta desviación desde el Poder Ejecutivo nacional. La sobredimensión de lo militar, se ha traducido en gastos irracionales en el ámbito militar, en desmedro de necesidades básicas de una población en estado de abandono, con un incremento exponencial de la pobreza en los últimos años, al grado de superar en la actualidad un 80% de la población.
   
   
2. Ausencia de la libertad de expresión
   Los modelos autoritarios incluyendo los nuevos formatos de dictaduras, como derivación de la sustitución de la voluntad de la Constitución y leyes por la voluntad del Ejecutivo nacional, tienen entre sus principales objetivos diluir la libertad de expresión, al grado incluso de su desaparición, lo que comprende la autocensura de los profesionales y medios, en razón de las presiones recibidas.
   
   
3. Limitación del derecho a la participación
   A pesar que la Constitución de 1999 promovió a nivel normativo la participación directa, privilegiándola inclusive sobre el modelo representativo, se han atacado y perseguido las expresiones de participación política, económica, social y cultural, cuando no están sometidas a los gobierno central.
4. Justicia parcializada
   La mayoría de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como otras instancias del Poder Público han secuestrado la justicia, por acomodaticia al poder central y permitir un alto grado de impunidad.
5. Imposición de un modelo ideológico contrario al democrático establecido en la Constitución de 1999
   Con clara violación de los derechos humanos de quienes hacen vida en Venezuela, se pretende imponer un modelo autoritario, desconocedor de derechos humanos fundamentales.
   
   
6. Desaparición del respeto como mecanismo de ejercicio del poder al servicio de los ciudadanos
   En el ejercicio del poder central, el Ejecutivo nacional no se ha sujetado a la Constitución y las leyes, y ha ejercido un modelo comunicacional agresivo e irrespetuoso hacia los disidentes. La violencia genera violencia, incluyendo la relacionada con el ejercicio arbitrario del lenguaje y los modelajes que impliquen exclusión de sectores de la población.
   

   A continuación compartimos aportes del Padre Raúl Herrera:

7. Necesidad de Educar en Derechos Humanos y Cultura de Paz:
   a. Desconocimiento en materia de DDHH por parte de los ciudadanos.
   b. Desinformación por parte de los ciudadanos en relación a sus deberes y derechos inherentes a ellos.
   c. Revictimización en los organismos públicos al momento de colocar denuncias, lo que hace que el ciudadano se reprima y cohíba.
8. Modelaje negativo en los contextos socializadores, tanto en el   discurso como en la práctica, que genera comportamientos violentos y al margen de la ley:
   a. Falta de independencia y tolerancia en los poderes públicos.
   b. Inexistencia de apoyo y cooperación entre ciudadanos y los poderes públicos y viceversa ante el no reconocimiento de los ciudadanos en las instancias de participación.
   c. Agresión al personal de salud en las instituciones por ausencia de insumos médicos.
   d. Impunidad y corrupción como desorden social.
   e. Discurso ideológico falso y tramposo sobre la paz y el dialogo.
   f. Discurso de odio y de criminalización de actores sociales.
9. Señalamiento y agresión contra los Defensores de DDHH:
   a. Persecución de activistas y defensores de DDHH en el campo de la documentación.
   b. Amenazas y agresiones que ponen en riesgo su integridad física.